Las personas y organizaciones que trabajamos en Derechos Humanos, atención y apoyo de las personas que viven con el VIH/SIDA, así como en actividades de prevención de la pandemia en Costa Rica; reunidos en la RED DE ONG´s QUE TRABAJAN EN SIDA conscientes de:

LA EPIDEMIA DE SIDA EN COSTA RICA

Los primeros casos de personas con SIDA se presentaron en 1983. Según reporta el Ministerio de Salud al 28 de febrero del 2001 suman 2120, de los cuales 1.863 corresponden a hombres y 257 a mujeres. Sin embargo, se considera que en los últimos años a aumentado el sub - registro de casos el cual no ha sido cuantificado pero podría ser del orden de un 20 a 30%.

El grupo etáreo más afectado está entre los 25 y 44 años, representando un 69.53% de los casos acumulados hasta febrero del 2001, con un llamativo aumento de casos en las mujeres en el período 94-98 de 156%.

La principal vía de transmisión es la sexual con un 84.4% de los casos presentados de SIDA. La población mayormente afectada es la de hombres que se declaran homosexuales, con un 44.72% de los casos de SIDA, seguido por un 15.71% de bisexuales.

Las proyecciones realizadas por las instituciones estatales de salud, señalan que para el año 2001 habrían entre 15,000 a 20,000 personas viviendo con VIH en Costa Rica.

Desde 1986 al 2000 se presentaron 109 casos de personas que viven con VIH/SIDA (PVS) privadas de libertad, de las cuales (hasta febrero del 2001) 29 aún permanecen en los centros penitenciarios.

La Encuesta Nacional de Salud Reproductiva del año 1993 reporta un 16% de tasa de prevalecía del uso del condón. En 1999, esta misma encuesta nacional refleja que esta tasa disminuye a un 11%.

En 1997 mediante el fallo de la Sala Constitucional, la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) queda obligada a proveer de terapia antirretroviral a los pacientes que así lo requieran.

En 1998 se aprueba la LEY GENERAL DE VIH-SIDA número 7771 que define el derecho de las personas que viven con VIH-SIDA a la salud integral, la educación, el trabajo, la confidencialidad, la prueba voluntaria y los deberes de las PVS. Esta ley ordena la defensa individual y colectiva de los Derechos Humanos de las PVS y establece responsabilidades en las instituciones y los mecanismos de denuncia ante diferentes medios por violación a tales derechos.

CONSIDERAMOS QUE

Desde el inicio ha habido una respuesta del Estado y de la Sociedad Civil para controlar la epidemia. No obstante, hasta la fecha, no le ha sido posible al Estado estructurar y trabajar conjuntamente una estrategia de lucha y prevención contra el SIDA, lo que conlleva a un desgaste de recursos y esfuerzos sin impacto profundo y real en nuestra población. Se sigue manteniendo una "visión rosa" peligrosamente optimista de lo actuado.

Con la aprobación del Reglamento de la Ley General de VIH/SIDA se oficializa la conformación del Consejo Nacional de Atención Integral al VIH/SIDA como ente rector de las políticas nacionales en esta materia, el cual incluye la representación de las ONG´s y las PVS. No obstante, el Consejo no ha logrado consolidarse en su misión.

Las acciones preventivas desarrolladas por el Estado están condicionadas al discurso hegemónico religioso católico, por lo que son discretas y tangenciales, limitando el contenido y alcance de tales acciones. Específicamente el tema del uso del condón genera gran controversia.

El desarrollo de programas educativos sobre sexualidad implementados por el Estado, ha enfrentado grandes obstáculos, principalmente provenientes de la Iglesia Católica que cuestiona los contenidos de los programas. La pedagogía de sexualidad continúa siendo enfocada únicamente con fines reproductivos y una clara orientación heterocéntrica, por lo que el uso del condón, desde el dogma católico, es rechazado por llevar implícito el ejercicio de una sexualidad no procreativa.

Hay poblaciones que están marginadas de las acciones preventivas del Estado - hombres homosexuales y mujeres lesbianas, trabajadores /as del sexo, privados/as de libertad, adultos/as mayores, hombres y mujeres discapacitados/as, migrantes entre otras- ya sea por prejuicio o por falta de una visión comprensiva del problema.

El modelo de atención estatal hacia las PVS se caracteriza por un enfoque biomédico relegando la atención psicosocial del paciente, familia y su comunidad. El SIDA no ha sido considerado una prioridad nacional y su abordaje por las instituciones del Estado ha sido descoordinada y atomizada. Es particularmente preocupante la ausencia de programas de prevención desde la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Patronato Nacional de la Infancia.

A pesar de que la CCSS provee de terapia antirretroviral a las PVS, enfrenta el problema de la adherencia a la terapia por parte de los pacientes. La ausencia de estrategias en este campo producirá con el tiempo aumento en la resistencia del virus y aumento de la mortalidad por SIDA en el país.

Las actitudes discriminatorias de machismo, homofobia, problemas de empoderamiento en la mujer, se encuentran profundamente arraigadas en nuestra sociedad, amenazando la integridad de los(as) habitantes, relegándolos a la marginación, la doble vida y la auto opresión.

Las PVS viven en una permanente situación de discriminación social y profesional a pesar de que la Ley General del SIDA y otros instrumentos legales prohíban esta situación. Esto es especialmente cierto para la búsqueda y mantenimiento de trabajo que les permita una inserción real y productiva en el país

Las ONG's han trabajado en esta temática pero su esfuerzo ha sido caracterizado por iniciativas individuales con problemas de comunicación, sostenibilidad y financiamiento, que le han restado credibilidad ante el Estado y generado competencia por fondos entre ellas. Sin embargo, su labor ha sido de impacto en la atención individual psicosocial de los pacientes, el abordaje en grupos minoritarios y marginados, prevención en población específica, la obtención de terapia antirretroviral y la legislación de SIDA vigente en el país.

Las ONG´s no cuentan con los recursos necesarios para lograr que sus acciones alcancen a todos estos grupos a escala nacional. Esta situación es más crítica cuando los organismos internacionales califican a Costa Rica como país de baja prioridad en sus programas de desarrollo, precipitando el cierre de aquellas.

Los fondos de la cooperación internacional son cada vez más limitados lo que sumado a que el Estado no ha asumido su responsabilidad en relación con la pandemia trae como consecuencia que se debilitan los esfuerzos y progresos en los campos de la Salud y Bienestar Social.

La acción de ONUSIDA ha sido débil y de bajo impacto, sus fondos son administrados desde el espacio gubernamental y son cada vez más reducidos para Costa Rica. Es así como para el 2001 no hay fondos asignados al país.

La participación de la empresa privada ante el problema es casi nula tanto en la promoción e implementación de programas de prevención para sus empleados(as) como en la apertura de espacios laborales para las PVS. Menos aún han apoyado (de ninguna forma: económica, logística, u otras) estrategias de prevención y atención en el país. Parece ser que las empresas no han considerado el impacto del SIDA en su propia economía empresarial.

Existe un déficit en la investigación epidemiológica, clínica, psicosocial y de impacto real en la economía del país que impiden establecer un diagnóstico objetivo de la realidad del VIH/SIDA en Costa Rica.

No se ha establecido el impacto de la epidemia en la población migrante residente en Costa Rica y por lo tanto no hay políticas definidas para su abordaje.

Otros aspectos que resultan fundamentales de tomar en cuenta son: el inicio de vida sexual activa en la adolescencia, a finales de la edad escolar e inicio de la colegial, el mayor margen de acción de la mujer en diferentes ámbitos que incluye el ejercicio de su sexualidad pero sin el empoderamiento suficiente para perder vulnerabilidad. Además se victimiza a niños(as) y adolescentes con la explotación sexual comercial.

MANIFESTAMOS

A nivel Nacional
Salud Pública


Hacemos un llamado a las Autoridades en materia de Salud Pública de Costa Rica para que promuevan y dirijan un verdadero esfuerzo integral de prevención entre todos los sectores de nuestra sociedad, oponiéndose a los estigmas, liberándose de prejuicios y limitaciones del discurso religioso.

Solicitamos al Estado de Costa Rica y a sus Autoridades en Salud que asuma su responsabilidad constitucional y continúen garantizando el acceso permanente y oportuno de medicamentos para VIH/SIDA, sin discriminación alguna de poblaciones y sectores de la sociedad.

Solicitamos al Estado de Costa Rica y a sus Autoridades en Salud que promuevan y faciliten el apoyo y la colaboración estrecha de los sectores privados y públicos en la lucha contra el VIH/SIDA.

Hacemos un llamado a las Autoridades en materia de Salud Pública de Costa Rica para que el plan integral de tratamiento y apoyo a las PVS incluya, necesariamente, atención psico - social al paciente, su familia y la comunidad.

Solicitamos al Estado y a las Autoridades en Salud estructurar, diseñar y desarrollar campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, libres de prejuicios y exentas de discursos sancionadores del ejercicio de la sexualidad, a escala nacional y en coordinación con la sociedad civil organizada y la empresa privada.

Instamos las Autoridades en Salud a diseñar y desarrollar programas de atención, prevención y apoyo enfocados específicamente a población de hombres que tienen sexo con hombres, adultos(as) mayores, drogadictos(as), hombres y mujeres migrantes, hombres y mujeres discapacitados(as) privados y privadas de libertad, niños y niñas que viven en la calle y mujeres heterosexuales.

Recomendamos al Estado y a las Autoridades en Salud que desarrollen programas de sensibilización, dirigido a los(as) profesionales en salud, para disminuir los niveles de discriminación (misoginia, homo/lesbofobia) en la atención de personas viviendo con VIH/SIDA.

Exhortamos al Estado costarricense y a las Autoridades en Salud y Educación a establecer metas concretas y con plazos definidos para alcanzar los objetivos nacionales y mundiales para la prevención del VIH/SIDA, con la inclusión de metas específicas en los grupos más vulnerables o vulnerabilizados por nuestra sociedad.

Hacemos un llamado a las Autoridades en Salud para que se mejore la distribución, accesibilidad y promoción del uso de condones y otros mecanismos de prevención a nivel nacional, como medida para evitar el aumento de la incidencia de la infección de ITS y VIH/SIDA y sus consecuencias socio - económicas.

Hacemos un llamado a las Autoridades de la CCSS para que tomen en cuenta el problema de la adherencia a la terapia y actúen en consecuencia, previniendo futuros aumentos en la resistencia al virus y en la mortalidad por el VIH/SIDA.

Educación

Exhortamos al Estado y a las Autoridades en Educación para que promuevan y faciliten la ejecución de programas de sensibilización de la población estudiantil y docente en cambios de actitudes y prácticas con respecto a temas de la sexualidad y la aceptación.

Instamos a las Autoridades de Educación a que incluyan, dentro de sus programas de educación de la sexualidad, temas tales como: la diversidad de la expresión de la sexualidad, la sexualidad como un elemento integral e intrínseco en la vida de mujeres y hombres, el ejercicio de una sexualidad sin fines reproductivos, libre de presiones socio - culturales, incluyendo el perspectiva de género y de derechos en el abordaje de la temática.

Hacemos un llamado a nuestras Autoridades en Trabajo, Salud y Educación para que se adopten leyes o se implementen las existentes para que se garantice la igualdad en derechos y oportunidades en educación, empleo y servicios a las personas afectadas por el VIH/SIDA.

Instamos a nuestras Autoridades en Educación y promoción de la mujer y la familia, con la cooperación y apoyo de la sociedad civil, a elaborar y aplicar estrategias, a fin de promover que las mujeres incrementen el control sobre su sexualidad y tengan la posibilidad de adoptar medidas de prevención de infección del VIH/SIDA.

Recursos Financieros

Demandamos urgentemente recursos financieros para que la sociedad civil organizada pueda continuar y aumentar sus actividades de prevención, atención y apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA.

Liderazgo

Reconocemos el esfuerzo del Estado costarricense en su lucha contra la pandemia y esperamos con ansias las iniciativas de éste para prevenir, atender y apoyar a toda la población nacional contra el VIH/SIDA.

Instamos a las Autoridades Nacionales a dotar de recursos, mecanismos y procedimientos adecuados, eficientes y accesibles al Consejo Nacional de Atención Integral al VIH/SIDA, de manera tal que éste pueda actuar realmente como rector de las políticas nacionales y dirigir las actividades estatales en la lucha contra el VIH/SIDA y coordinar con la sociedad civil organizada y la empresa privada.

Investigación

Solicitamos al Estado y a las Autoridades en salud apoyar, alentar y facilitar la inversión para las investigaciones relacionadas con el VIH/SIDA (tanto en temas sociales, como económicos y médicos), que permitan el posterior ajuste y elaboración de estrategias preventivas y de tratamiento en Costa Rica.

Hacemos un llamado al Estado nacional para que realice esfuerzos para determinar el impacto de la epidemia en la población migrante y elabore políticas definidas y concretas para su abordaje.

Exhortamos al Estado a diseñar y desarrollar procesos constantes de investigación del impacto de la pandemia, en los diferentes sectores sociales y grupos étnicos y raciales del país, a fin de determinar con certeza las poblaciones que requieren ingente atención en salud y educación.

A nivel Internacional

Pedimos a ONU declarar que el VIH/SIDA es un problema de la humanidad y por ello todas las investigaciones científicas relacionadas con el tema deben ser patrimonio universal, tomando medidas eficaces para la liberación de las patentes, minimizando las consecuencias negativas a la Salud Pública en los países llamados en desarrollo.

Solicitamos que el liderazgo de los Estados sea complementado con el ejercido por la sociedad civil y el sector privado y se desarrollen y ejecuten planes nacionales integrales de prevención, atención y apoyo en torno a los alcances de la pandemia.

Nos solidarizamos con los países dónde no hay acceso a medicamentos para solicitar a las Agencias Internacionales que recomienden a los Estados tomar decisiones tendientes a asegurar dicho acceso.

Exhortamos a los países a que permitan la producción e importación de medicamentos genéricos y, obrar con solidaridad colaborando con los países de escasos recursos con la transferencia de tecnología.

Exigimos una inmediata y drástica reducción de precios en los medicamentos vinculados con el VIH/SIDA para los países de escasos recursos.

Exhortamos a las personas y organizaciones a presentar reclamos internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ya que las decisiones de estas instancias son obligatorias para los Estados.

Hacemos un llamado a las agencias de cooperación internacional y a ONUSIDA para que, por los logros obtenidos en nuestro país hasta ahora en materia de salud pública, no se nos elimine la ayuda financiera y el apoyo logístico internacional.

Nos unimos a la solicitud de los Jefes de Estado y Gobiernos, de establecimiento de un "Fondo Mundial contra el SIDA", administrado por el ONUSIDA, que financie estrategias contra la epidemia. Sin embargo, hacemos un llamado de atención para que no se permita que estor procesos y logros se reviertan rápidamente en algunos países en desarrollo por falta de recursos financieros.

Dado el quince de mayo del 2001 en San José de Costa Rica,

FUNDACIÓN VIDA
ASOVIH/SIDA
CIPAC/DDHH
ASOC. AGUA BUENA
FUNDACIÓN HOY POR TI
APAVIH
ALIADAS
FUNDESIDA
HOGAR DE LA ESPERANZA